Eddie Jara movió más de G. 5.500 millones y Fiscalía investiga G. 5.399 millones sin justificar durante su gestión en Petropar
Una diferencia de aproximadamente G. 5.399 millones entre los recursos utilizados y el dinero que podía acreditar legalmente llevó al Ministerio Público a imputar al expresidente de Petróleos Paraguayos (Petropar) por supuesto enriquecimiento ilícito. La investigación también involucra a su exesposa, procesada por presunto lavado de activos, debido a operaciones financieras que habrían realizado durante el periodo examinado.
La fiscal Yeimy Adle, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, explicó durante una entrevista radial que los principales indicios surgieron del elevado volumen de depósitos, pagos de tarjetas de crédito y cancelaciones de préstamos realizados en efectivo. El análisis comprende el periodo de agosto de 2023 a marzo de 2026, correspondiente a la segunda administración del exfuncionario al frente de la petrolera estatal.
Un salario de G. 44 millones frente a movimientos por miles de millones
La investigación fiscal estableció que el expresidente de Petropar percibía una remuneración mensual cercana a G. 40 millones, que posteriormente aumentó a algo más de G. 44 millones.
Conforme a sus declaraciones tributarias, sus ingresos estaban destinados casi íntegramente a cubrir gastos personales y obligaciones financieras.
La Fiscalía calculó que durante el periodo investigado su capacidad de ahorro alcanzó aproximadamente G. 147 millones.
Sin embargo, los registros financieros permitieron identificar operaciones por alrededor de G. 5.547 millones, una diferencia que los investigadores consideran incompatible con los ingresos documentados.
Al descontar el dinero que podía justificar mediante su capacidad de ahorro, quedó un monto de G. 5.399 millones cuyo origen no fue acreditado documentalmente.
En un solo mes habría gastado G. 570 millones
Uno de los movimientos señalados por el Ministerio Público corresponde a octubre de 2025, cuando los egresos atribuidos al exfuncionario habrían alcanzado G. 570 millones.
La fiscal explicó que, luego de considerar la remuneración mensual del investigado, quedó una diferencia de aproximadamente G. 525 millones sin respaldo suficiente.
Otro elemento mencionado es que, durante los 32 meses examinados, en 29 se identificaron saldos negativos al comparar los ingresos y gastos analizados.
Estas diferencias forman parte de las operaciones utilizadas por la Fiscalía para sostener su hipótesis inicial de enriquecimiento ilícito.
Pagos de vehículos, tarjetas y préstamos se realizaban en efectivo
Los investigadores detectaron numerosas operaciones que no se cancelaban mediante débitos desde cuentas bancarias.
Entre ellas figuran pagos de tarjetas de crédito, cuotas de vehículos y obligaciones derivadas de préstamos personales.
La representante del Ministerio Público manifestó que la frecuencia y los importes de estas transacciones fueron determinantes para profundizar el análisis financiero.
También explicó que varios compromisos se habrían abonado directamente con dinero en efectivo, sin que existiera una correspondencia identificable con los ingresos declarados.
La Fiscalía investiga si esta modalidad de pago fue utilizada para evitar controles del sistema financiero.
Un préstamo de G. 600 millones también aparece en la investigación
El expediente contempla una operación mediante la cual el exfuncionario habría entregado G. 600 millones en efectivo a un médico.
La fiscal señaló que, conforme a los registros examinados, el investigado no disponía de ahorros suficientes para justificar ese desembolso.
En fechas cercanas, el exfuncionario y su entonces cónyuge habrían obtenido un préstamo de aproximadamente G. 890 millones, presuntamente destinado a la compra de ganado.
Las cuotas de esta obligación rondaban los G. 77 millones mensuales, mientras la remuneración del expresidente de Petropar se encontraba alrededor de G. 40 millones.
El Ministerio Público también examina la documentación correspondiente al préstamo particular y a la adquisición de los animales.
Fiscalía investiga depósitos que podrían estar relacionados con fondos de Petropar
Otro aspecto pendiente de aclaración corresponde a determinados ingresos bancarios que el investigado había atribuido a recursos de la empresa estatal.
Durante sus descargos ante la Contraloría, habría señalado que algunas transferencias estaban vinculadas con fondos fijos administrados por Petropar.
La Fiscalía todavía analiza esa explicación y busca determinar el origen y destino de los recursos involucrados.
El Ministerio Público también solicitó documentación a una empresa privada en la que el exfuncionario trabajó durante un periodo en el que no ocupaba cargos públicos.
La fiscal indicó que, hasta el momento de sus declaraciones, el imputado no había presentado documentación de descargo directamente ante el Ministerio Público, aunque anteriormente había entregado explicaciones a la Contraloría.
La exesposa también fue imputada por supuesto lavado de activos
La investigación se extendió a la exesposa del expresidente de Petropar por su presunta participación en operaciones con dinero de origen no esclarecido.
La Fiscalía sostiene que ella habría realizado depósitos en efectivo en cuentas bancarias vinculadas con el exfuncionario, incluidas operaciones mediante una cuenta compartida.
También analiza su intervención en el préstamo destinado a la adquisición de ganado y en la documentación relacionada con el crédito de G. 600 millones concedido a un tercero.
Los investigadores buscan determinar si parte del dinero depositado en las cuentas provenía de empresas que mantenían contratos comerciales con Petropar.
Estas operaciones forman parte de la imputación por presunto lavado de activos y todavía deben ser examinadas dentro del proceso penal.
La investigación también abarcará su primera administración en Petropar
Aunque la imputación actual se concentra principalmente en los movimientos correspondientes al periodo 2023-2026, el Ministerio Público confirmó que también revisará operaciones de su primera etapa como titular de la petrolera estatal.
La fiscal explicó que el enriquecimiento ilícito contempla una pena máxima de hasta 10 años de prisión, por lo que determinados hechos de aquella gestión todavía pueden ser investigados.
Además, el Ministerio Público solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva para los imputados.
Entre las disposiciones requeridas figuran restricciones para abandonar el país, comparecencias periódicas ante la Justicia y medidas cautelares sobre bienes y cuentas financieras.
La causa se encuentra en etapa de investigación y la imputación no constituye una declaración de culpabilidad. La Fiscalía deberá continuar reuniendo pruebas para determinar si corresponde presentar una acusación formal.
