Ministro de la Corte cuestiona la respuesta del Estado ante los feminicidios y advierte sobre denuncias ignoradas
El aumento de los feminicidios en Paraguay volvió a poner en discusión la actuación de las instituciones encargadas de proteger a las mujeres. Un ministro de la Corte Suprema de Justicia sostuvo que la persistencia de conductas machistas, las dificultades para acceder a protección y la falta de respuestas oportunas constituyen problemas que requieren modificaciones en el funcionamiento del sistema estatal.
La autoridad judicial señaló que la violencia contra las mujeres no puede analizarse únicamente a partir de hechos individuales, debido a que existen factores culturales e institucionales que influyen en la manera en que las víctimas son atendidas.
Denuncias que no reciben la atención necesaria
Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a la respuesta que reciben las mujeres cuando recurren a las autoridades para denunciar situaciones de violencia.
El representante de la máxima instancia judicial afirmó que existen casos en los que los organismos policiales no otorgan suficiente credibilidad a las denuncias, lo que puede retrasar las intervenciones necesarias para prevenir nuevas agresiones.
También advirtió sobre comportamientos institucionales y discursos que dificultan el reconocimiento de las situaciones de riesgo, incluso cuando las víctimas ya solicitaron asistencia.
Las tobilleras electrónicas vuelven al centro del debate
La implementación de dispositivos electrónicos para controlar a personas denunciadas por violencia fue otro de los asuntos abordados.
El ministro recordó que en 2021 impulsó una propuesta legislativa destinada a incorporar este mecanismo de vigilancia en casos de violencia contra las mujeres.
Cuestionó que su puesta en funcionamiento haya enfrentado demoras relacionadas con trámites administrativos, decisiones legislativas y limitaciones presupuestarias.
Como referencia, mencionó la experiencia de Uruguay, donde aseguró que la utilización de estos equipos estuvo acompañada por una reducción de los feminicidios.
Problemas de conexión dificultan la vigilancia permanente
Además de los retrasos administrativos, la autoridad identificó dificultades técnicas para garantizar el funcionamiento de los mecanismos de control.
Explicó que en determinadas viviendas no existe una conexión adecuada a internet, mientras que también pueden presentarse interferencias provocadas mediante dispositivos que bloquean las señales.
Estas condiciones afectan la posibilidad de mantener un seguimiento electrónico durante las 24 horas sobre las personas sometidas a restricciones judiciales.
El ministro señaló que, con una infraestructura apropiada, las medidas tecnológicas podrían utilizarse de manera más efectiva para controlar el cumplimiento de las disposiciones de protección.
Reclaman mayor responsabilidad institucional
El integrante de la Corte sostuvo que el Estado debe abordar tanto los obstáculos tecnológicos como las dificultades culturales que condicionan la protección de las víctimas.
También cuestionó que las restricciones económicas continúen siendo utilizadas como explicación para postergar herramientas de vigilancia, mientras persisten los asesinatos de mujeres.
Finalmente, planteó que la responsabilidad no corresponde exclusivamente a los organismos judiciales o policiales, sino que también involucra las conductas sociales relacionadas con la violencia de género.
En Paraguay, las víctimas o personas que conozcan situaciones de violencia contra las mujeres pueden comunicarse al 137, línea SOS Mujer, un servicio gratuito de alcance nacional que funciona las 24 horas.
