El Banco Central del Paraguay (BCP) remitió al Senado un documento en el que reconoce la existencia de un procedimiento administrativo en curso relacionado con ueno bank, además de detallar observaciones efectuadas durante los controles sobre operaciones crediticias, empresas vinculadas y límites establecidos para las entidades financieras.
El informe fue dado a conocer en el Congreso Nacional tras la apertura del sobre que contenía la respuesta de la autoridad monetaria. Entre los asuntos abordados aparecen diferencias en los registros de clientes relacionados entre sí, operaciones que habrían superado límites regulatorios y una transferencia de cartera de créditos cuyo financiamiento es objeto de análisis.
El Banco Central detectó diferencias en las operaciones crediticias
El documento del BCP señala que, durante el seguimiento de una entidad bancaria, los organismos de supervisión identificaron posibles excesos respecto de los límites de exposición crediticia establecidos por la legislación financiera.
La normativa vigente exige que los bancos comuniquen determinadas operaciones cuando superan los máximos permitidos en relación con su patrimonio.
Entre los datos que deben presentarse figuran la identificación del cliente, el monto máximo adeudado durante el mes, las garantías correspondientes y la diferencia respecto del límite autorizado.
Al comparar los registros enviados por la entidad con la información disponible en sus propias bases de datos, el Banco Central encontró discrepancias relacionadas con clientes y empresas pertenecientes a un mismo grupo económico.
Empresas vinculadas no figuraban de la misma manera en los registros
Una de las situaciones examinadas corresponde a la clasificación de empresas que mantenían relaciones económicas entre sí.
El BCP indicó que determinadas sociedades habían dejado de aparecer como vinculadas en los registros enviados por la entidad, aunque continuaban identificadas bajo esa condición en las bases de datos del organismo supervisor.
Esta diferencia modificaba la manera de calcular los riesgos crediticios acumulados por un conjunto de clientes relacionados.
Tras solicitar información y realizar verificaciones, la Superintendencia de Bancos concluyó un análisis el 5 de junio de 2026, que derivó en un requerimiento de adecuación.
Posteriormente, el 16 de junio, la entidad financiera comunicó que había ajustado su situación a los límites legales dentro del plazo establecido.
El BCP ordenó incorporar empresas al mismo grupo económico
La revisión también derivó en otra medida adoptada el 24 de julio de 2026.
En esa fecha, la Superintendencia de Bancos exigió que determinadas personas jurídicas fueran incorporadas nuevamente al conjunto de empresas vinculadas.
La disposición obligó a recalcular la exposición crediticia considerando a esas sociedades como parte de una misma unidad de riesgo.
Este procedimiento permite que la autoridad supervisora examine el nivel total de financiamiento otorgado a clientes relacionados y determine si se respetan las restricciones previstas por la normativa bancaria.
Una venta de cartera de créditos está bajo sumario administrativo
Otro de los puntos incluidos en el documento corresponde a una operación de cesión de cartera crediticia, evaluada en el marco de las disposiciones del Banco Central.
La investigación busca establecer si existió financiación indirecta por parte de la propia entidad bancaria en la transferencia de esos créditos.
Para ello, el organismo supervisor analiza el origen, recorrido, destino y naturaleza de los fondos utilizados.
El BCP confirmó que existe un sumario administrativo en desarrollo para determinar si la operación involucró o no ese mecanismo de financiamiento.
Sin embargo, aclaró que el contrato de cesión cumplía los requisitos de validez desde el punto de vista civil y comercial.
Por esa razón, los créditos transferidos dejaron de computarse dentro de la exposición crediticia de la entidad. Una eventual discusión sobre la nulidad del contrato corresponde exclusivamente al ámbito judicial.
El procedimiento administrativo todavía no tiene una conclusión definitiva respecto de la existencia de financiación indirecta.
Banco Central confirmó la existencia de un memorando de julio
La documentación remitida al Congreso también incluye explicaciones sobre un memorando fechado el 10 de julio de 2026, relacionado con determinadas operaciones de crédito.
El BCP confirmó que el documento fue enviado mediante correo electrónico al superintendente de Bancos.
Sin embargo, precisó que su remitente ya no desempeñaba funciones como gerente de Supervisión al momento de realizar el envío, debido a su designación en otra institución pública.
Además, señaló que el memorando no ingresó mediante los canales oficiales de recepción de expedientes, por lo que carecía de un número de registro institucional.
El contenido incluía consideraciones sobre operaciones realizadas por una entidad financiera y recogía parte de los trabajos desarrollados previamente por equipos técnicos de supervisión.
Observaciones del documento derivaron en pedidos de corrección
El Banco Central explicó que parte de los análisis mencionados en el memorando posteriormente sirvieron como fundamento para solicitar medidas correctivas a la entidad financiera.
También precisó que el documento no requería una respuesta formal, sino que tenía como propósito dejar constancia de determinadas consideraciones sobre las operaciones examinadas.
Al momento de su remisión, algunas cuestiones ya habían sido comunicadas oficialmente al banco, mientras que otras continuaban bajo evaluación.
La autoridad monetaria indicó igualmente que ciertos detalles específicos de las transacciones no pueden divulgarse por encontrarse protegidos por el secreto bancario.
El informe entregado al Congreso confirma así la existencia del memorando, las actuaciones de supervisión realizadas y el sumario administrativo que continúa abierto, sin establecer todavía una resolución definitiva sobre la operación investigada.
