inco organizaciones de los sectores empresarial, académico y de la sociedad civil expresaron preocupación por la seguridad jurídica en Paraguay y advirtieron que las fallas en los controles públicos pueden terminar impactando en las decisiones de inversión, la generación de empleo y la confianza de ciudadanos y empresas. El pronunciamiento fue firmado por ADEC, Centro de Importadores del Paraguay, Club de Ejecutivos, Horizonte Positivo Paraguay y Pacto Global Red Paraguay.
Las organizaciones reconocen que Paraguay atraviesa una etapa de crecimiento económico, cuenta con grado de inversión otorgado por dos calificadoras internacionales y registra mayor interés externo para la radicación de capitales. Al mismo tiempo, plantean que ese escenario necesita estar acompañado por reglas claras, controles que funcionen y una aplicación uniforme de la ley.
El caso Rivas reabrió el debate sobre los controles del Estado
El pronunciamiento toma como referencia la reciente sentencia contra el exsenador Hernán Rivas y sostiene que el episodio deja expuestas fallas de verificación en distintas instancias estatales. Los gremios reclaman determinar cómo una situación de esa naturaleza logró atravesar sucesivos controles hasta alcanzar un cargo de alta responsabilidad pública.
El documento plantea además que las instituciones y autoridades involucradas en designaciones o verificación de antecedentes deben identificar qué mecanismos no funcionaron y establecer las responsabilidades que correspondan en cada caso.
La preocupación también alcanza a registros públicos y procesos judiciales
Las organizaciones señalan que el problema no se limita a un caso particular. También mencionan debilidades en registros, sistemas de notificación y mecanismos de control, además de situaciones vinculadas con procesos judiciales que pueden afectar directamente a trabajadores, familias y empresas.
Entre los ejemplos citados aparecen denuncias relacionadas con embargos y otras actuaciones realizadas sin conocimiento efectivo de las personas afectadas, un punto que los firmantes vinculan con la necesidad de mejorar la trazabilidad y confiabilidad de los registros públicos.
Piden controles más fuertes para cargos públicos
El comunicado reclama reforzar los mecanismos utilizados para verificar antecedentes de personas que acceden a cargos de alta responsabilidad pública. También plantea mejorar la integridad y trazabilidad de registros educativos, judiciales y patrimoniales.
Otro de los pedidos se concentra en el sistema de justicia, con reclamos de mayor profesionalización, independencia y rendición de cuentas, además de la aplicación de los mismos estándares legales independientemente de la posición o influencia de las personas involucradas.
Inversión y crecimiento dependen también de la previsibilidad
Los gremios sostienen que las cifras macroeconómicas y las calificaciones internacionales necesitan estar acompañadas por instituciones previsibles y controles confiables. En su planteamiento, las decisiones empresariales y la creación de empleo requieren un marco donde las reglas puedan conocerse y aplicarse de manera estable.
El pedido final apunta a que los procesos en curso, las medidas correctivas y las eventuales reformas terminen en responsabilidades determinadas y cambios institucionales verificables, tanto para quienes invierten como para quienes dependen diariamente del funcionamiento de las instituciones públicas.
